La Cámara de Diputados de Paraguay instaló este jueves una sesión extraordinaria para debatir una acusación de juicio político contra el presidente Santiago Peña, presentada por 35 legisladores de la oposición y disidentes del oficialismo tras la intervención de Ueno bank.
La iniciativa busca activar el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución y acusa al mandatario de un “grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”. El documento plantea retirar la investidura de Peña, quien asumió el poder en agosto de 2023 para un mandato de cinco años.
El debate comenzó a las 10:38 hora local (13:38 GMT). Antes de la sesión, el Partido Colorado respaldó el juicio político. Su presidente y mentor de Peña, el exmandatario Horacio Cartes, dijo en X que la medida tenía como objetivo “volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
La crisis se originó después de que el Banco Central del Paraguay ordenara el martes la resolución o disolución de Ueno bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. La entidad atribuyó la situación a ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización.
El banco tenía alrededor de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. El procedimiento dejó congelados los ahorros de miles de usuarios y generó preocupación por los recursos de instituciones públicas depositados en la entidad, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS).
La acusación sostiene que el IPS tenía unos 355 millones de dólares en Ueno, equivalentes al 9 % de las inversiones de la institución, según declaraciones atribuidas a su gerente financiera, Gladys Vera. El documento también denuncia una supuesta injerencia presidencial en el IPS y un presunto favorecimiento al banco.
Entre los señalamientos figuran posibles conflictos de intereses relacionados con los vínculos previos de Peña con Ueno Holding, conglomerado al que pertenecía el banco. El mandatario vendió sus acciones en ese grupo en abril de 2025, según la acusación.
Los legisladores también cuestionan el nombramiento de Carlos Carvallo como titular del Banco Central en 2023. Carvallo había presidido la Financiera Ueno, entidad de la que surgió el banco intervenido, en una operación que, según el documento, fue autorizada 83 días después de su designación.
La acusación incluye además alegatos de beneficio patrimonial indebido, indicios de enriquecimiento ilícito y exposición del sistema financiero a un riesgo sistémico. Esos señalamientos forman parte del expediente promovido contra el presidente y no constituyen, por sí mismos, una declaración de responsabilidad.
Peña no ha ofrecido declaraciones presenciales a la prensa en las últimas 72 horas y ha limitado sus apariciones públicas a mensajes y videos en redes sociales. El mandatario permanece en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, donde periodistas esperan una eventual conferencia o comparecencia oficial. También suspendió su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid.
Para que la acusación avance al Senado, donde se realizaría el juicio, necesita el respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados. En el Senado se requiere igualmente una mayoría de dos tercios para declarar culpable al presidente y abrir la posibilidad de su separación anticipada del cargo.
Fuente: Diario Libre.
