El Gobierno dominicano estableció límites al uso de inteligencia artificial (IA) en la Administración Pública y prohibió emplearla para clasificar socialmente a los ciudadanos, manipular opiniones políticas o tomar decisiones penales de forma autónoma.
Las disposiciones están contenidas en el Decreto 787-26, firmado el 2 de noviembre por el presidente Luis Abinader, que aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana.
La norma prohíbe los sistemas de clasificación social que condicionen el acceso a derechos y servicios públicos. También restringe la identificación biométrica masiva e indiscriminada en espacios públicos, incluido el reconocimiento facial, de voz o de marcha, cuando no existan las garantías legales y judiciales requeridas.
Asimismo, impide utilizar sistemas de predicción criminal para señalar a personas como potenciales infractoras por su lugar de residencia, origen étnico o situación económica. El código también prohíbe que algoritmos recomienden, determinen o ejecuten por sí solos sentencias penales, medidas de coerción o privaciones de libertad.
La regulación veta además el uso de IA para propaganda política manipuladora, desinformación institucional o técnicas encubiertas de influencia ciudadana. En cambio, reconoce el derecho de las personas a saber cuándo una decisión administrativa que les afecta fue apoyada por esta tecnología.
Las instituciones deberán explicar los factores relevantes de esas decisiones, permitir solicitudes de información adicional, corregir errores y ofrecer una revisión humana. La responsabilidad seguirá recayendo en las autoridades y servidores públicos, aunque utilicen herramientas automatizadas.
Los sistemas de alto impacto, especialmente los vinculados con derechos fundamentales, beneficios públicos, potestades sancionadoras o servicios esenciales, deberán someterse a evaluaciones previas de impacto ético y de derechos. No podrán entrar en funcionamiento hasta completar la evaluación, obtener la aprobación correspondiente y publicar un resumen accesible.
El decreto crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, copresidido por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic). El organismo incluirá representantes gubernamentales, empresariales, académicos y de la sociedad civil.
La Digeig estará a cargo de la supervisión ética y de evaluar los sistemas de alto impacto. La Ogtic asumirá las responsabilidades técnicas y administrará, junto con esa entidad, un registro y un portal público de transparencia sobre las herramientas utilizadas por el Estado.
Las instituciones públicas deberán identificar sus sistemas de IA, designar responsables y mantener mecanismos de supervisión humana. También tendrán que incluir requisitos de seguridad, protección de datos, trazabilidad y auditoría en los contratos para adquirir o desarrollar estas tecnologías.
El código establece garantías especiales para los sistemas dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Su uso requerirá evaluaciones específicas, supervisión humana permanente y medidas reforzadas; además, se prohíbe emplear IA para generar, facilitar o distribuir contenido sexualizado, abusivo, discriminatorio o perjudicial contra menores, incluidos materiales sintéticos.
Las entidades públicas tendrán 180 días calendario, contados desde la publicación del decreto, para adecuar sus procedimientos, registrar los sistemas existentes y designar a sus responsables.
Fuente: Diario Libre.
